La definición de la Cámara de Casación cierra una disputa de competencia que atravesó distintos tribunales.
La Justicia resolvió que la causa por la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama y que quedó vinculada a una investigación sobre presunto lavado de activos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), regrese a Campana y sea investigada por el juez federal Adrián González Charvay.
La definición modifica el escenario en el que venía tramitándose el expediente, que hasta ahora permanecía en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución se conoce después de una disputa de competencia que involucró a distintos tribunales y que tuvo como eje central determinar qué juzgado debía continuar con la investigación. El expediente había pasado por el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego había generado una contienda con la Justicia de Campana y, finalmente, había quedado radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ahora, la decisión establece que sea González Charvay quien continúe con la investigación. El magistrado ya había intervenido en otros expedientes vinculados con la AFA y había planteado anteriormente conflictos de competencia con juzgados porteños para concentrar bajo su órbita investigaciones relacionadas con la entidad.
La disputa por la mansión de Pilar se había profundizado en los últimos días. La defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, sociedad que figura como propietaria del inmueble, había reclamado que el expediente fuera trasladado a Campana. Entre sus argumentos, había planteado que la competencia territorial debía quedar determinada por el lugar donde está ubicada la propiedad y había cuestionado que la investigación permaneciera en la Ciudad de Buenos Aires.
La fiscalía, en cambio, había rechazado ese planteo. El fiscal Mario Villar había solicitado a la Cámara que no hiciera lugar al recurso de casación presentado por la defensa y que confirmara la permanencia del expediente en el fuero Penal Económico porteño.
Villar había sostenido que la investigación no se limitaba a la compra del inmueble de Pilar, sino que desde el comienzo apuntaba a una presunta maniobra de lavado de activos de mayor escala. En ese marco, había señalado que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL, y que la escritura de compraventa de la propiedad también había sido firmada en un domicilio porteño.
