El jueves pasado se había frustrado la aprobación en el recinto del plan de pago por US$ 171 millones. El proyecto volvió a tratarse en comisiones por cambios técnicos menores en la redacción.
Luego de que el jueves pasado se frustrara en el recinto del Senado la aprobación del plan de pago a dos "fondos buitre" por 171 millones de dólares por modificaciones técnicas de último momento, el oficialismo volvió hoy a dictaminar el proyecto de ley que busca darle aval legal al acuerdo económico cerrado por el Gobierno nacional con los acreedores remanentes del default de la deuda de finales del 2001.
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión recibió al Procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio, al Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, y al Subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija.
Producto del acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma "Bainbridge Ltd." y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por "Attestor Value Master Fund LP.", lo que hace a un total de 171 millones de pesos.
Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.
La aprobación en el Congreso nacional permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El acuerdo de conciliación adoptó como mecanismo de pago el formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.
En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio.
Además, se incluyó una cláusula de “standstill”, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.