Con el acuerdo de los bloques mayoritarios, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto con el que se busca superar la ley de emergencia que vence a fin de año.
La Cámara de Diputados aprobó hoy con una abrumadora mayoría la nueva ley sobre protección social de la Discapacidad, en el marco de negociaciones que permitieron sumar al peronismo a un acuerdo con La Libertad Avanza y bloques dialoguistas.
De esta manera, se alcanzó la media sanción con 237 votos positivos, 9 negativos y cuatro abstenciones, y la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera un tratamiento en el corto plazo.
El dictamen de mayoría, denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", que el oficialismo acordó con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.
Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.
Durante toda la jornada, los referentes de Unión por la Patria se juntaron durante horas con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027.
El miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y aseguró que "la discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas".
"Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo", apuntó.
Según dijo, "la discusión debería centrarse en cómo construir un sistema transparente y accesible, con controles y con los derechos garantizados para quienes corresponda".
"Ha llegado el momento de dejar de administrar esa deuda con las personas con discapacidad y empezar a construir soluciones permanentes. Estamos trabajando para dejar un sistema más ordenado, con reglas claras y mayor previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores", señaló.
El tucumano libertario expresó que "lo que debería preguntarse la política es si podemos seguir legislando emergencias una tras otra, en lugar de pensar políticas permanentes".
"Las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencias permanentes ni depender de prórrogas o de decisiones políticas cada vez que quieran ejercer sus derechos", insistió.
Y agregó que "este dictamen de mayoría supera esa lógica" ya que "la propuesta es transformar los mecanismos de la ley de emergencia en respuestas permanentes".
Puso como ejemplos el financiamiento específico, la continuidad de las prestaciones, la actualización del nomenclador por el IPC y la compatibilidad de las pensiones con el trabajo formal y las compensaciones a los prestadores por los atrasos en los pagos.
"Son herramientas concretas que generan previsibilidad, garantizan derechos y brindan tranquilidad a las personas con discapacidad y a sus familias. Esto también es libertad. No se trata de dejar a una persona sola frente a sus dificultades, sino de brindarle herramientas", cerró.
