La iniciativa fue aprobada con un alto consenso ya que fue respaldada por el peronismo y La Libertad Avanza.
El Senado aprobó un proyecto que establece un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) con el objetivo de generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.
La iniciativa impulsada por el senador Eduardo Vichi fue aprobada por 60 contra 2 votos que fueron aportados por La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, Independencia, Primero los Salteños y Convicción Federal.
Solo votaron en contra los senadores de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano.
El proyecto que fue girado a la Cámara de Diputados crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes y busca generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.
La iniciativa funciona como un complemento del esquema de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno y comenzó a cosechar respaldo transversal durante su tratamiento en comisión.
El régimen establece beneficios como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA.
A su vez, excluye de los beneficios a las inversiones financieras y de portfolio, así como a los bienes de cambio.
Define como inversiones productivas la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como la realización de obras destinadas directamente a actividades productivas.
Asimismo, establece que las inversiones productivas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes podrán recibir beneficios independientemente de su monto.
Dispone la presentación ante la autoridad de aplicación de un plan de inversión con carácter de declaración jurada que detalle el proyecto, su ubicación, financiamiento, cronograma de ejecución, factibilidad económica e impacto productivo y laboral.
El plan deberá contener el compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20 % del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado de precio y calidad.
