El proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que impulsa el Gobierno, comenzará a ser debatido este martes en el Senado cuando el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez, expongan ante el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda.
Los funcionarios nacionales tienen previsto arribar al Senado para defender la iniciativa del Gobierno, mientras que el oficialismo se preocupó por aclarar que el tema de la reforma integral del Código Procesal se comenzó a debatir a nivel de comisión en abril pasado.
En el temario ya se encontraban otros cuatro proyectos de modificación completa, pero se descuenta que el oficialismo avanzará con el texto propio. Se trata de las iniciativas del senador justicialista mandato cumplido Alfredo Benítez, otra del senador radical Ernesto Sanz, una tercera de su correligionario correntino Eugenio "Nito" Artaza y la cuarta del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el kirchnerista entrerriano Pedro Guastavino, además de varias iniciativas de reforma parcial, que habían comenzado a ser analizados aunque no se profundizó en el tema. Al finalizar la exposición de los funcionarios, los senadores que integran las referidas comisiones intentarán elaborar una agenda de trabajo para las próximas semanas, con el fin de agotar el tema ante de que finalice noviembre.
De todas maneras, está previsto que la actividad de las comisiones aludidas se suspenda este miércoles, ya que ese día se realizará una sesión para tratar el Presupuesto 2015, que el oficialismo quiere convertir en ley.
Respecto a la reforma, el kirchnerismo recordó que casi todas las provincias han modificado sus códigos y que esas modificaciones coinciden en el 90 por ciento con el proyecto remitido por el Ejecutivo.
Los senadores oficialistas defienden los principales ejes de la propuesta y recuerdan que el sistema acusatorio es reclamado por los principales especialistas en la materia.
Señalan, además, que la reforma recién se implementara, luego de que se sancionen la ley orgánica y la ley de implementación, que sólo pueden ser tratadas una vez que se apruebe el nuevo Código y se conforme una comisión bicameral que debe dictaminar a ese efecto.
La propuesta del gobierno impulsa un sistema acusatorio, donde las investigaciones serán conducidas por los fiscales, e incluye a las víctimas para que pidan medidas junto al fiscal y al juez, introduce la oralidad como procedimiento del proceso, las investigaciones tendrán un plazo máximo de un año y los juicios se producirán al finalizar la etapa instructiva, entre otros aspectos.
