En el marco de la causa por supuestas coimas en el salvataje de la ex calcográfica Ciccone, el juez federal Ariel Lijo rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas del vicepresidente, Amado Boudou, y del empresario Nicolás Ciccone.
Los defensores de Boudou, Diego Pirota y Eduardo Durañona, y de Ciccone, Maximiliano Rusconi, habían objetado varias decisiones de Lijo, tales como las citaciones a indagatorias y, por ejemplo, la prohibición a formular una pregunta a una testigo.
La defensa de Ciccone objeta que el magistrado haya utilizado sus dichos como testigo para luego citarlo a declarar como acusado, dado que primero había dicho que se reunió con Boudou y su amigo y socio José Núñez Carmona para negociar el levantamiento de la quiebra de Ciccone y la venta de la mayoría de sus acciones a The Old Fund.
En tanto, la defensa del vicepresidente pidió la nulidad de su citación a indagatoria y la declaración como testigo de Graciela Ciccone. Sin embargo, el magistrado las rechazó a todas -dos nulidades de Boudou y siete de Ciccone- y ahora las defensas podrán llevarlas a la Sala I de la Cámara Federal. Ese tribunal tiene que resolver si confirma los procesamientos de los siete acusados de la causa.
Vale recordar que el martes pasado el ex ministro de Economía le pidió a la Cámara su sobreseimiento por los delitos de "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles", lo mismo que hicieron el resto de las defensas.
Lo cierto es que el 23 de octubre será la última audiencia que tiene la Cámara con las defensas y luego los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero quedarán en condiciones de resolver, lo que se prevé ocurrirá antes de fin de año.
En tanto, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió el sumario disciplinario en el que se investiga por qué y cómo desaparecieron de la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos de la causa Ciccone.
Ante esta irregularidad, el Ministerio de Justicia -de quien depende la IGJ- inició un sumario para deslinar responsabilidades y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) pidió intervenir para investigar los hechos, pero la cartera que dirige Julio Alak lo rechazó.
