jueves 14 de mayo de 2026
La acusación de la querella 3 contrastó con las querellas 1 -el abogado Gregorio Dalbón- y 2, que en cambio no acusaron ayer a Jaime, Schiavi, ni a los empresarios Cirigliano y empleados de la ex concesionaria TBA, solamente acusaron al maquinista Marcos Córdoba.
La segunda audiencia de alegatos pasó esta tarde a un cuarto intermedio por disposición del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) y se reanudará a partir de las 14.
Menghini sostuvo respecto a las tareas de fiscalización que "los funcionarios eran funcionales a la actividad económica de TBA" porque había, agregó, "falta de control por parte de los funcionarios que debían controlar".
"A Cometrans (empresa encargada de los controles) le pagaban por un servicio que no cumplía", indicó, y completó que "la conclusión es que el Estado financiaba las ganancias de Cometrans y esto lo sabían todos los funcionarios".
Sobre el destino que TBA daba a los subsidios estatales, enumeró que "TBA pagaba el sponsoreo de un auto de Turismo Carretera de uno de los directivos del grupo", "pagaba vuelos privados en Bayres del Sur" y "pagaba la obra social de un hermano de los Cirigliano, la señora y los hijos".
Para Meneghini, los funcionarios y empresarios son responsables de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y consideró que ese delito "se perpetró en el tiempo durante la gestión de los cuatro funcionarios que están acá sentados".
Lelia Leyva, otra abogado de la querella 3, recordó que el tren del siniestro "estuvo un mes parado en el depósito" y refrescó a los jueces que un mail "del ingeniero Roque Ángel Cirigliano" de TBA planteaba cinco días antes del choque que "el tren chapa 16 debía estar inactivo", pero no obstante fue reingresado al servicio.
También denunció la letrada que los acusados en el juicio "arreglaban" con los testigos sus declaraciones, antes de que se presentaran en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) "en el baño de caballeros" de los tribunales de Comodoro Py.
"Lo hacían sin importarle quien escuchaba", subrayó y precisó que esas supuestas transacciones fueron oídas por "el hermano de una de las víctimas fatales".
"La mayor parte de los empresarios y funcionarios aquí imputados se mostraron arrogantes e impunes durante las audiencias pretendiendo hacernos creer y sentir que no les importan las consecuencias de este juicio porque gozan de protección asegurada", disparó la letrada.ð Ayer las querellas 1 y 2 pidieron al TOF2 que condene a 22 años de prisión al maquinista Córdoba por considerarlo "único autor de lo sucedido" y le atribuyó el delito de "descarrilamiento doloso", del artículo 191 del Código Penal, incisos 3 y 4, que castiga a quien "empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar".
Este juicio comenzó el 18 de marzo de 2014 y, luego de más de 100 audiencias y 225 testigos, ingresó en la etapa de alegatos.
Entre los 29 enjuiciados se encuentran, además de Córdoba, Jaime y Schiavi, entre otros, los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero, y los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa TBA, concesionaria del Sarmiento en el momento del siniestro.