Se aclara en la ley que las personas domiciliadas en la provincia que hubiesen adquirido un arma de fuego con anterioridad a la vigencia de esta norma deberán efectuar el procedimiento en el plazo de 12 meses y se indica que, quien no realice ese procedimiento podrá ser sancionado con una multa que va de 1.000 a 50.000 pesos.
El diputado provincial del Frente para la Victoria Guido Lorenzino explicó que la iniciativa oficial tiene como meta prevenir y reducir la violencia con armas de fuego, en particular las consecuencias letales de su uso.
Por ello, remarcó, "se impulsa un régimen jurídico con vistas a controlar el comercio minorista de armas y municiones; la vigencia de mecanismos de destrucción de ese armamento y materiales relacionados, incautados en causas penales".