La Fiscalía pidió penas de hasta 11 años de prisión para los imputados por la tragedia de Once, entre ellos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, empresarios del grupo Cirigliano y el maquinista, mientras familiares de víctimas dijeron que nada reparará la muerte de 51 personas.
El fiscal Fernando Arrigo finalizó su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 pidiendo condenas para los 28 imputados por el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012 y solicitó a los jueces que investiguen la responsabilidad penal del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El representante del Ministerio Público solicitó 11 años de prisión para Jaime, 10 años y 10 meses de cárcel para su sucesor Schiavi y hasta 10 años para los empresarios de Trenes de Buenos Aires (TBA).
El fiscal Arrigo había pedido 10 años y 10 meses de prisión para Jaime pero como el ex secretario de Transporte tenía una condena previa a 6 meses de cárcel en suspenso por sustracción de documentos de prueba, propuso la unificación en una sola a 11 años, además de requerir 11 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Asimismo, solicitó condenas de 10 años de prisión para los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero, además de inhabilitaciones para que vuelvan a desempeñarse como funcionarios durante 10 años.
Arrigo completó su alegato ante el TOF2 tras cuatro audiencias en las que fundamentó sus acusaciones y atribuyó a los imputados los delitos de defraudación contra administración pública por administración fraudulenta y estrago culposo agravado por resultado de lesionados graves y muerte.
El fiscal pidió 3 años y 8 meses de prisión para el maquinista Marcos Córdoba, que conducía el tren chapa 16 que chocó contra el andén 2 de la estación de Once, al considerarlo autor del delito de "estrago culposo" y requirió que sea inhabilitado por 8 años para desempeñarse como motorman.
Para los hermanos Sergio y Mario Cirigliano, propietarios de la ex concesionaria de la línea Sarmiento, Arrigo solicitó condenas de 10 años y 11 meses y 10 años y 6 meses, respectivamente, por los delitos de defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y estrago culposo agravado.
El fiscal requirió también condenas de hasta 10 años y 7 meses, más las respectivas inhabilitaciones de hasta 10 años, para 19 empleados de TBA y Cometrans SA., firma controlante de la concesionaria ferroviaria.
Con respecto a los empleados de la concesionaria Carlos Lluch y Miguel Huerva, planteó condenas de 5 años y 9 meses, y 3 años en suspenso, respectivamente, como partícipes del delito de defraudación, y solicitó la absolución de los dos por el delito de estrago culposo.
El fiscal Arrigo propuso también a los jueces que se defina la responsabilidad penal del ministro De Vido, por los intentos fallidos de poner en marcha dos servicios ferroviarios: el "Gran Capitán" y el "Tren de los Pueblos Libres".
Además, solicitó que se acuse por supuesto falso testimonio a los trabajadores jerárquicos ferroviarios Julio Pastine, Raúl Díaz, Ernesto Ianni, y a los funcionarios de la CNRT José Nicanor Villafañe, María Grabiela Stortoni y Horacio Gagiani Gernecia, que declararon en las audiencias.
Las audiencias del juicio por la tragedia de Once continuarán el lunes en los tribunales de Comodoro Py con la defensa de Roque Cirigliano y Pedro Roque Rainieri, representados por Mariano Fragueiro Frías. El pedido de penas del fiscal Arrigo se ubicó en medio de las solicitudes efectuadas por las cuatro querellas que representan a familiares de víctimas, que hicieron pedidos divididos de condenas a los imputados.
Dos querellas pidieron penas de 22 años para la maquinista por considerarlo el único responsable del siniestro ferroviario.
En tanto, las otras dos querellas consideraron inocente al motorman y reclamaron condenas de hasta 18 años de prisión para ex funcionarios y empresarios de TBA.