La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas dictadas a los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba en la causa por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida en 2012, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
El máximo tribunal rechazó las apelaciones presentadas por las defensas de los condenados, por lo que los fallos en su contra quedaron firmes y sin posibilidad de volver a ser revisados, según informaron fuentes judiciales.
Con los votos de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte rechazó los recursos interpuestos tras invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le permite hacerlo "por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firmes las condenas que pesan sobre los ex secretarios de Transporte Schiavi y Jaime, los empresarios Cirigliano y Cirigliano y el maquinista Córdoba, entre otros.
De esta forma, fue ratificada la condena a cinco años y medio de prisión a Schiavi, y la de tres años y tres meses de Córdoba, además de otros 16 acusados.
En esta investigación, se tuvo por probada "la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los por entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte", señaló el máximo tribunal en el escrito.
Agregó que esos funcionarios "tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, deber que deliberadamente incumplieron; todo lo cual ocasionó un paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil, ocasionándose un enorme perjuicio al patrimonio estatal".
Asimismo, la tragedia de Once "no sólo se ocasionó con motivo de la negligente conducción del maquinista, sino que además encontraba explicación en una diversidad de factores que se encuentran ampliamente descriptos en la sentencia (del Tribunal Oral Federal 2) y que responden a las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio".
Atribuyó estas "pésimas condiciones" a "las políticas empresariales verificadas y la ausencia de controles por parte de la Secretaría de Transporte, lo que representaba un constante peligro para la vida de las personas que a diario utilizaban los trenes que circulaban con un deficitario estándar de eficiencia y seguridad", según se indicó.
