La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables hoy al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de generar "rutas nacionales de la muerte", tras el anuncio del Gobierno del cierre "definitivo" de ese organismo.
"Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas", denunció Aleñá.
Para la sindicalista, "la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira".
En ese sentido, hizo "un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte".
"El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas", cuestionó.
Por otra parte, la dirigente gremial alertó que, con esa decisión, "más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura".
"Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme", sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y "su secuaz" Sturzenegger "son los responsables del genocidio en las rutas".
Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que "valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE. Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras", lamentó.
La referente de STVyARA explicó que "esto no es una simple reorganización administrativa" como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones".