La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley la declaración por un año de la Emergencia Administrativa en la provincia, en medio de incidentes graves afuera del palacio legislativo y cruces políticos por la norma que busca acelerar los procesos de licitación y adjudicación de bienes y servicios.
La iniciativa, enviada por el gobierno de María Eugenia Vidal y que recibió algunas modificaciones en el Senado, fue acompañada esta tarde por los votos de los bloques Cambiemos, Frente Renovador (FR) y el Frente Amplio Progresista (FAP), y rechazada por el Frente para la Victoria (FpV).
La aprobación de la norma derivó en incidentes afuera del palacio legislativo, donde trabajadores enrolados en gremios estatales bonaerenses rompieron vidrios e incendiaron un sector de acceso al edificio parlamentario.
Los incidentes sobre calle 7 provocaron también un cruce entre diputados bonaerenses dentro del recinto, donde unos exigían que se proteja el palacio legislativo y otros pedían que no se reprima a los trabajadores.
Adentro el cruce fue también político y comenzó cuando la bancada del FpV propuso que una comisión de representantes gremiales, que protestaban afuera, pudiera ingresar a los palcos del recinto para presenciar la sesión.
La propuesta de la oposición fue rechazada por los demás bloques e inmediatamente después el titular de la bancada de Cambiemos, Jorge Silvestre, mocionó para que la Emergencia sea votada sin debate previo.
La proposición de Cambiemos fue avalada por la mayoría y luego se puso en votación el proyecto, que fue convertido finalmente en ley.
Esa maniobra fue cuestionada a los gritos en el recinto por los diputados del Frente para la Victoria y el PJ, quienes anticiparon que podrían pedir la nulidad de la sesión.
El proyecto, que ahora deberá ser promulgado por el Ejecutivo, fue justificado en "la necesidad de establecer un procedimiento eficiente y ágil para garantizar la provisión de bienes y servicios, sin alterar los principios básicos de las compras públicas".
La intención de la emergencia es "revertir los plazos actuales de las licitaciones, que son inviables y que van de 6 meses para la contratación de bienes y de 9 a 11 meses para la obra pública", según se explicó desde el gobierno provincial.
La norma prevé acortar esos plazos a dos meses aproximadamente, para lo cual, entre otros puntos, establece una reducción a cuatro días del tiempo que los organismos de control del Estado provincial tendrán para expedirse previo a la licitación.
La iniciativa busca además modernizar los sistemas de expedientes administrativos a través de la digitalización de los mismos y de notificaciones electrónicas.
La emergencia establece, en uno de sus artículos, criterios sobre la contratación de personal, aclarando que "la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación laboral de dependencia".
Los gremios cuestionan la iniciativa porque entienden que "vulnera los derechos laborales de los trabajadores y abre la puerta para que el sector privado haga negocios en el Estado provincial".