El candidato del Ejecutivo para cubrir una de las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, se comprometió este jueves a actuar "con imparcialidad" en base a la jurisprudencia del tribunal y no según su "propia ideología", al tiempo que se mostró a favor de que los jueces paguen ganancias.
La audiencia pública para examinar a Rosenkrantz, quien cosechó 13 impugnaciones y más de 2.600 adhesiones, se inició minutos después de las 11 y se extendió hasta las 16.30.
El martes próximo al mediodía, los pliegos de Horacio Rosatti y de Rosenkrantz serán tratados en la comisión de Acuerdos para luego ir al recinto -sin fecha, aún- donde ambos juristas necesitan los dos tercios de los votos.
"Soy claramente consciente que la Argentina no necesita superjueces sino reconstituir una práctica" de la ley y el derecho "que nos permita resolver problemas y avanzar", manifestó Rosenkrantz a los senadores.
Sobre el pago de Ganancias por parte de los jueces, afirmó que "no hay ninguna razón para ni los jueces ni ningún otro ciudadano se exceptúe" del pago de un impuesto, si bien convalidó que "la intangibilidad de los salarios de los jueces hacen a la independencia" y coincidió con resoluciones históricas del máximo tribunal respecto de que "los jueces no están incumpliendo una obligación" que, sencillamente, no tienen.ð En relación de su trayectoria como abogado, Rosenkrantz ratificó, en respuesta al jefe del bloque del PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto, que "en aquellos casos en los que he intervenido me excusaré" si bien se mostró capacitado para pronunciarse "con imparcialidad" en todos ellos.
A una pregunta de Pichetto, el candidato manifestó que "nadie puede aspirar ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin acuerdo del Senado" y aseguró que "no hubiera jurado" en el cargo, designado por decreto del Poder Ejecutivo.
Entre la variedad de preguntas que recibió de senadores opositores, a la peronista disidente Liliana Negre de Alonso le contestó que cree que el número de miembros de la Corte, cinco, siete o nueve, "no resuelve ningún problema per se".
Al Juan Pais (FPV-PJ), Rosenkrantz le admitió que "establecer los límites en que la justicia se convierte en gobierno es complicado" y "es un área que está en turbulencia", pero consideró que la respuesta "cada juez debe buscarla no en su propia ideología o su propia convicción, sino hurgar en la jurisprudencia de la propia Corte".
Luego, consultado por Oscar Castillo (Fte Cívico y Social de Catamarca) sobre por qué creía que el Senado lo tenía que aprobar su pliego, Rosenkrantz dijo estar convencido de que "va a ser un juez que va a ejercer, desplegar por arriba de toda otra actitud, el autocontrol".
Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) le preguntó sobre el límite que cree que debería tener el principio de "máxima divulgación", una cuestión que saltó por la confidencialidad de cláusulas del acuerdo de YPF con Chevron, y Rosenkrantz opinó que "los limites deben ser analizados caso por caso".
Más allá de eso, Rosenkrantz dijo estar "dispuesto a pagar los impuestos" y se comprometió "a militar para que el Poder Judicial pague impuestos, pero genuinamente creo que no me corresponde pagar si no estoy obligado".
A un planteo de Juan Manuel Abal Medina (FPV-PJ) sobre la protesta pública, el jurista resaltó que la libertad de expresión es un derecho "superprotegido" pero acotó que "hay protestas y protestas" y cree que se debe evaluar si los manifestantes "tienen mecanismos alternativos", su actitud a cuántos afecta, con qué intensidad y "si se trata de actos expresivos que no se pueden regular o que se puede regular".
En cuanto a radicar demandas en instancias internacionales por delitos de lesa humanidad, apuntó que "la excesiva recurrencia a tribunales extranjeros socava nuestra práctica constitucional".
Sobre la incorporación de juezas a la Corte, indicó a Marina Riofrío (FPV-PJ) que su postulación "no es sustitutiva" de una alternativa femenina y en lo que se refiere al federalismo fiscal precisó que "es imposible que el país funcione como país si el federalismo no es federalismo fiscal", por lo que apuntó la necesidad de acuerdos con las provincias.
Sobre la "ley de derribo" aplicable a aeronaves sospechadas de narcotráfico, reconoció que decidir "para qué lado de la balanza debe inclinarse es una cuestión problemática" pero ratificó el principio general de que "nadie puede ser penado sin proceso".