El texto consensuado entre las principales bancadas de la oposición, que se presentó este lunes en la Cámara baja, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria decretada por el Poder Ejecutivo en 2002.
Además, la iniciativa propone "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición" y autoriza al Gobierno la reasignación de partidas presupuestarias para cumplir con la ley.
El incremento del 50% representa una reasignación de partidas de $ 8 mil millones ya que el Presupuesto destinó $ 12 mil millones y otros $ 4 mil millones ya fueron reasignados en marzo.
El proyecto lleva las firmas de los jefes de las bancadas del FpV-PJ, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador, el interbloque de Red por Argentina y de partidos provinciales como el PJ puntano, entre otros.
Sin embargo, no estamparon sus firmas el bloque de Consenso Federal, que irá al Congreso con un proyecto propio, ni los diputados del FIT.
Como el proyecto no tiene dictamen de comisión, necesitaría además de lograr quórum, habilitar su tratamiento sobre tablas con dos tercios de los votos de los presentes por eso es clave la postura que adoptará el oficialismo. De hecho, sus legisladores se reunirán este martes para definir su posición.
Por su parte, el Gobierno recibió a la cúpula de la CGT para abordar el tema y volvió a cuestionar a la oposición por hacer una utilización "política" de ese reclamo.
"El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción", aseguró el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso.
Tras la presentación del proyecto, el legislador resaltó que "la oposición está unida y decidida a aprobar la Emergencia Alimentaria porque" entiende "que es una necesidad urgente".
El consenso entre en los diputados opositores se logró tras una reunión que mantuvieron representantes de los distintos bloques con las organizaciones sociales la semana pasada en el Congreso, en coincidencia con una jornada nacional de protesta.
El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que la iniciativa "busca darle al ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete las herramientas administrativas" para destinar mayor presupuesto a "los comedores, las intendencias y las provincias".
En declaraciones a radio Futurock, el dirigente kirchnerista consideró que la norma permitiría también que estas licitaciones "sean lo más ágil posible, lo más potente y transparente posible".
"Me imagino que no habrá muchos diputados que quieran volver a sus provincias planteando que se negaron a tratar la emergencia alimentaria", destacó Rossi.