El juez federal Sebastián Casanello cerró el caso contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el supuesto uso ilegal de datos que la Ansestiene de los ciudadanos.
sábado 14 de febrero de 2026
El juez federal Sebastián Casanello cerró el caso contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el supuesto uso ilegal de datos que la Ansestiene de los ciudadanos.
Casanello desestimó la denuncia porque entendió que no había delito por investigar. El fiscal del caso, Federico Delgado, había sostenido lo contrario. El 29 de agosto pasado, Delgado presentó un requerimiento de instrucción para que se determinara si, tal como había denunciado la abogada Valeria Carreras, se había aprobado un ilegal "convenio marco para el traspaso de datos de Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros".
En su fallo, el juez advirtió que las nuevas normas no violan "de por sí" la ley que custodia los datos personales y recordó que el director nacional de Protección de Datos Personales había opinado en ese mismo sentido.
Casanello advirtió no obstante que otra cosa es "el buen o mal uso que a futuro los funcionarios hagan de esos instrumentos" y que eso, en este momento, es "un imponderable" cuyo análisis escapa a la misión de los jueces, que consiste en juzgar conductas "efectivamente acaecidas".
Casanello afirmó en su fallo que "los actos administrativos denunciados pueden ser criticados o tolerados, pueden ser incluso considerados inoportunos, sin mérito o inconvenientes", pero que todo eso hace a "un juicio de valor de sustancia política", no penal.
Y agregó: "La frivolización de los expedientes penales tiene un efecto paradojal: decir que todo es delito es el equivalente lógico -socialmente muy disvalioso, por cierto- a decir que nada lo es."
El juez recordó asimismo que en una causa similar (también contra Peña y por los mismos hechos) el fiscal Guillermo Marijuan había pedido cerrar el caso por inexistencia de delito y que tampoco había prosperado una presentación de Carreras, la denunciante, que había solicitado en el fuero contencioso una medida cautelar contra el convenio. Ese planteo fue rechazado por la jueza María José Sarmiento