La Corte Suprema de Justicia ordenó a la empresa YPF que "haga públicas" las cláusulas secretas de su acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron sobre inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén y en un fallo unánime demolió la pretensión de la petrolera de que no se la considere una empresa pública y se la exima de brindar información porque sus acciones cotizan en Bolsa.
El máximo tribunal destacó en su fallo que la libertad de información es un "derecho humano fundamental" y remarcó que "las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos".
La sentencia hizo lugar a una acción de amparo iniciada por el senador socialista Rubén Giustiniani y revocó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que en 2014 le negó al legislador el acceso al texto completo del acuerdo entre la petrolera nacional y la multinacional.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda coincidieron en su voto, pero la jueza Helena Highton de Nolasco lo hizo en disidencia por considerar que se debe acatar el dictamen de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, quien se pronunció por dar intervención a Chevron Corporation.
El fallo examinó la situación de YPF Sociedad Anónima que sigue cotizando en los mercados, pese a su mayoría estatal y marcó que el Estado no sólo tiene el 51 por ciento del paquete accionario, sino que además ejerce "un rol preponderante" en ella y tiene "poder determinar sus decisiones", entre otras cosas por haber nombrado la presidenta Cristina Fernández a su gerente general, Miguel Galuccio y porque el ministro de Economía, Axel Kicillof, forma parte del Directorio.
"YPF no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información", sostuvo la sentencia y subrayó que ese "derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales".
En 2013 Giustiniani, había presentado en el juzgado federal 7 en lo Contencioso Administrativo una "acción de amparo por acceso a la información" mediante la cual "solicitó que se condene a YPF SA a entregar la "documentación que negó expresamente, requerida mediante una nota del 22 de agosto de 2013, y su reiteratoria del 6 de septiembre de 2013".
"Dicho pedido está relacionado con la calidad ambiental y con las actividades a desarrollar por YPF y Chevron en las áreas de Lomas de La Lata Norte y Loma Campana", añadió el senador santafesino.
Giustiniani cuestionó la supuesta existencia de "cláusulas secretas en el contrato", entre ellas un hipotético "compromiso que obliga al país a entregar por más de 35 años una zona que es la tercera más rica del mundo en petróleo y gas no convencional" y una "cláusula que asegura el cobro a perpetuidad de regalías aunque Chevron se retire del negocio".
Pero tanto el juzgado como, luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se negaron a acceder a lo solicitado por el senador socialista.