La causa Hotesur, que investiga supuestas irregularidades en los hoteles de la familia de la presidenta Cristina Fernández, seguirá tramitándose en la Justicia federal de la Capital Federal, ya que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia declinó su competencia.
Así lo indicó hoy el Centro de Información Judicial (CIJ), de la Corte Suprema, que indicó que el tribunal entendió que la causa debe seguir en manos del juez federal porteño Daniel Rafecas y no en el juzgado federal de Río Gallegos.
La Cámara se pronunció en una autodenuncia que en 2013 presentó el empresario kirchnerista Lázaro Báez a partir de dos notas publicadas en el diario La Nación, que daban cuenta de que sus empresas alquilaban habitaciones de los hoteles de la familia presidencial que no eran usadas.
A pesar del fallo del tribunal, en la Cámara Federal porteña tramita otro pedido que las defensas de la causa hicieron para que el expediente pase al sur del país.
La Sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver ese planteo, que podrá coincidir o no con el de su par de Comodoro Rivadavia, y luego las reclamaciones podrían llegar a la Cámara Federal de Casación Penal y hasta la Corte nacional.
La posibilidad de que la causa abandonara la Ciudad de Buenos Aires y pasara al sur se había abierto a partir de que el empresario kirchnerista Lázaro Báez, mencionado en la causa penal, hizo una denuncia en el juzgado federal de Río Gallegos, con lo cual aparecía una cuestión de competencia.
Las defensas de los acusados pidieron que la investigación la haga la Justicia patagónica porque las empresas y los hechos ocurrieron allí, pero el primer juez instructor, Claudio Bonadio, ya había rechazado ese planteo y las defensas apelaron.
Los camaristas de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman señalaron que en materia de competencia "la regla impuesta por nuestro sistema constitucional para el juzgamiento de delitos resulta ser el lugar de comisión del hecho".
Pero señalaron que en este caso lo que se investiga "se desarrolla en varias jurisdicciones" y la causa que tramita el juez Rafecas está más avanzada.
"La maniobra que se desprende de las notas periodísticas y que el "impugnante" pretende se investigue, implicaría el desbaratamiento si se quiere de una organización criminal que en definitiva reinvierte el producto de un delito antecedente, que tendría directa vinculación con la corrupción de funcionarios de la administración pública nacional", describieron los jueces.
El viernes pasado Rafecas dio por válidos los procedimientos judiciales realizados en el sur del país por su antecesor Claudio Bonadio en la causa Hotesur, en los que retiró documentación de hoteles y de la inmobiliaria de la familia de la Presidenta.
Pero anuló la pericia contable que se había ordenado para analizar esa documentación.
Bonadio había realizado el 13 de julio pasado unos 40 procedimientos en el sur del país en busca de documentación y libros contables que retiró, de entre otros lugares, del hotel "Los Sauces", de la familia presidencial, y de la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice, dos de los investigados en la causa.
Pero tres días después la Cámara declaró inválida una convocatoria de peritos que Bonadio hizo en la causa para que lo asesoren y el juez fue apartado del expediente.
Toda la documentación que se obtuvo en el sur por parte de la Policía Metropolitana -Rafecas resaltó que desde el inicio de la causa el juez Bonadio trabajó con esa fuerza- se encuentra resguardada por la Prefectura Naval.
En la causa se investiga si la empresa Hotesur, que administra los hoteles de la familia presidencial y cuya titular es Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina de Cristina Fernández, cometió lavado de dinero e irregularidades en la presentación de sus balances.
Lo que se busca determinar es si la compañía alquiló habitaciones de los hoteles a empresas, entre ellas "Austral Construcciones", que en realidad nunca habrían sido utilizadas.