El titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, varios gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y hasta los hijos del fallecido jefe de ese sindicato, Lorenzo Miguel, fueron imputados del delito de "lavado de dinero" por la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales.
La representante del Ministerio Público requirió una investigación penal porque los imputados habrían cobrado 20 mil dólares mensuales de 1987 a 2008, que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios a los afiliados de la UOM.
El requerimiento de la fiscal fue presentado ante el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y solicitó, además, las inhibiciones de los bienes de Caló y de los otros acusados, entre los que resaltan los hijos de Miguel.
Lorenzo Miguel fue el jefe del sindicalismo peronista durante más de tres décadas, desde 1970 hasta su fallecimiento en 2002, y encabezó tanto la UOM como la rama política del gremialismo nucleado en las 62 Organizaciones peronistas.
Además la pesquisa alcanza a los dirigentes de la UOM Juan Carlos Chumen, Lisandro Zapata, Aníbal Martínez y al resto del secretariado nacional y a las autoridades del Instituto de Seguros SA.
Esta causa comenzó a partir de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 (TOPE 2) que condenó a un año y nueve meses de prisión a Segundo Pantaleón Córdoba, ex jefe del área jurídica de la UOM, por intentar sacar del país 800 mil dólares que llevaba escondidos en su auto.
Córdoba declaró que desde 1987 hasta diciembre de 2008, cuando se fue del gremio, el Instituto de Seguros SA -del extinto Julio Raele, empresario de íntima confianza del también difunto caudillo metalúrgico Lorenzo Mariano Miguel- le pagó mensualmente a él y a las autoridades de la UOM 20 mil dólares que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios.
Córdoba fue demorado el 1 de agosto de 2011 en la terminal de Buquebús, en esta capital, cuando iba a viajar a Uruguay, porque en su auto BMW se encontraron 800 mil dólares en efectivo. Ante la Justicia reconoció que el dinero eran ahorros de su trabajo en la UOM. El acusado declaró que todos los meses, "en prolijos sobres marrones", el Instituto de Seguros SA enviaba a la UOM el dinero para las autoridades del gremio y él.
