La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos de Salta pidió el desafuero del senador y precandidato a gobernador, Juan Carlos Romero, para forzar así su presentación ante la justicia local en la causa en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito y que, de a poco, empieza a agrupar en un mismo expediente todas las denuncias que el ex mandatario tiene cajoneadas tras su paso por la Gobernación, entre 1995 y 2007.
La titular de la Unidad Fiscal especial, Mónica Poma, elevó el pedido de desafuero al juez de Garantías Nº 4, Diego Rodríguez Pipino. Según su escrito, se advierte es una "inconducta procesal reiterada" por parte de Romero, quien se negó a declarar por tercera vez en esta causa. Conducta que se multiplica si se suman las ausencias ante citaciones de la Justicia que Romero acumula en todas las causas iniciadas que tiene en su provincia, casi todas por apropación de tierras fiscales para empresas propias o ligadas al clan familiar.
De hecho, según pudo saber BAE Negocios, el juez Rodríguez Pipino pidió informes a los juzgados en que tramitan el resto de las causas contra el senador, para verificar el cuadro de "inconducta reiterada" que señala la fiscal. Otro dato curioso es que la defensa de Romero ni siquiera utiliza el sistema de declaración por escrito, algo permitido en Salta luego de la reforma de su sistema procesal, en 2012.
En los tribunales salteños esperan no antes de dos semanas la definición del juez en cuanto al pedido de la Fiscalía especial. Como antecedente, las fuentes judiciales consultadas por este medio subrayaron que Rodríguez Pipino es un magistrado relativamente "nuevo" en su cargo. "Por eso no tiene muchos lazos con el Romero", que aún mantiene una importante influencia en el Poder Judicial salteño.
La causa en que se lo investiga está caratulada como "enriquecimiento ilícito" y podría empezar a sumar algunos otros expedientes en trámite. Uno de ellos, el caso cabecera y más famoso en Salta, es "La Ciénaga", que no llega a juicio por la negativa de Romero de prestar declaración. Y como se inició previo a la reforma procesal, sin testimonio no hay enjuiciamiento.
En esta causa lo que se investiga es la presunta malversación de fondos públicos. El Estado salteño adquirió en 1998, con Romero como gobernador, 90 hectáreas por 1.100.000 dólares que años después y tras un triple pase de manos, terminaron en manos de Estancia El Carmen S.A., una empresa emblemática del clan Romero, al mando de Juan Esteban, hijo del entonces gobernador, a cambio de 100 mil pesos