lunes 16 de noviembre de 2026

El Senado aprobó el proyecto que pena la corrupción empresaria

El proyecto, que ingresó por la Cámara baja en julio, vuelve a ese cuerpo al haber introducido el Senado varias modificaciones, entre ellas la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos, que quedó fijada en seis años, y la acotación de las multas al daño producido.

28 de septiembre de 2017 - 07:16

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto que crea un régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública, respaldado por entidades multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y envió la iniciativa a la Cámara de Diputados

El proyecto, que ingresó por la Cámara baja en julio, vuelve a ese cuerpo al haber introducido el Senado varias modificaciones, entre ellas la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos, que quedó fijada en seis años, y la acotación de las multas al daño producido.

No obstante, se mantuvo la negativa a sancionar con retroactividad los casos de corrupción, que el oficialismo pretendía incluir para abordar los casos derivados del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el peronista entrerriano Pedro Guastavino, afirmó que "la legislación argentina se va a alinear con las legislaciones internacionales que prevén la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de cohecho".

La radical tucumana Silvia Elías de Pérez aseguró que "hoy es un día para celebrar" porque "se trata de un cambio cultural para la relación entre el Estado y las empresas que contratan con él".

El kirchnerista chubutense Mario Pais indicó que se trata de "una norma necesaria e importante que envía un claro mensaje a la sociedad civil y a los empresarios".

La iniciativa incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agregados, como pasibles de sanción a personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.

Las empresas serán responsables por los delitos que fueran realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio.

Este punto incluye a quienes hubieran actuado en beneficio o interés de la persona jurídica, aún cuando fuesen terceros desvinculados pero que hayan beneficiado a las empresas con su actuación dolosa.

En tales casos las empresas quedarán exentas de responsabilidad sólo si el individuo que cometió el delito hubiera actuado en su beneficio y sin generar provecho alguno para la persona jurídica.

Si la compañía cambiara de nombre, mediante fusiones, transformaciones o modificaciones de su composición societaria, la responsabilidad penal subsiste, según el texto del proyecto.

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