Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General del Senado comenzaron el debate de la iniciativa que crea un fondo para pagar la deuda con el FMI mediante la recuperación de activos no declarados en el exterior y que premia con el 30% del dinero ilícito detectado a quienes denuncien a los evasores.
Según adelantó el presidente del bloque del FdT, José Mayans, el análisis en comisión se prolongará durante el corriente mes con el aporte de especialistas convocados por el oficialismo y la oposición. Se estima que el dictamen correspondiente podría llegar al recinto a principios de mayo.
La ronda de consultas se abrió con economistas kirchneristas. Habló en primer término Guillermo Wierzka, director del Banco de la Nación, que atribuyó la fuga de capitales al "neoliberalismo" y aseguró que la recuperación de fondos evadidos era un "hecho de justicia".
El planteo generó la reacción opositora. El ex ministro de Economía, Martín Lousteau, le pidió precisiones y Wierzka asimiló la fuga a la constitución de activos en moneda extranjera, lo que le permitió sugerir al senador porteño que los fondos de Santa Cruz depositados en el extranjero por el ex presidente Néstor Kirchner y los millones de dólares encontrados en una caja de seguridad perteneciente a miembros de su familia podían ser considerados fondos fugados.
A partir de ese momento se generalizó la discusión política durante la que el oficialismo intentó evitar que los senadores de Juntos por el Cambio hicieran pasar por un momento difícil a Wierzka que daba señales visibles de nerviosismo. Preguntado sobre la negociación del gobierno de Alberto Fernández con el FMI, opinó que debían haberse conseguido otras condiciones como un período de 20 años de refinanciación y la reducción de la sobretasa de interés.
A continuación polemizaron con la oposición los otros opositores convocados por el kirchnerismo: Horacio Rovelli, Julia Strada, Ricardo Aronskind y Noemí Brenta.
El reclamo más repetido por distintos legisladores de JxC estuvo vinculado al camino elegido por los senadores K para recuperar fondos evadidos. De acuerdo con el proyecto del neuquino Oscar Parrilli, con el pago del 20% de los fondos no declarados los evasores podrán legalizarlos y evitar además acciones penales. Si lo hacen seis meses después del plazo ese porcentaje subirá al 35%. La ley no estipula ni distingue el origen de esos recursos. Varios opositores alegaron que la AFIP y la UIF ya disponen de herramientas legales necesarios para detectar esos fondos y pidieron que el oficialismo explique la necesidad de aprobar un nuevo perdón fiscal.
