La Cámara de Diputados debatirá este martes una serie de proyectos entre los que se encuentran la posible sanción de la ley de Argentina Digital y también el análisis del proyecto que reforma el Código Electoral para establecer la elección de los legisladores que representarán a la Argentina en el Parlasur y el adelantamiento de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.
En la sesión se tratarán además una treintena de temas que cuentan con acuerdo entre los diferentes bloques, por lo que no presentarían mayores dificultades para su aprobación.
El bloque presidido por Juliana Di Tullio contará sólo con el respaldo de sus habituales aliados para aprobar el proyecto, dado que el arco opositor se manifestó en contra durante la sanción en el Senado y en los dictámenes de comisión de la Cámara baja.
Así, para la sesión especial prevista para el martes al mediodía, el kirchnerismo aspira a reunir unos 133 votos en favor de la iniciativa, lo que le alcanza para superar en número al total de la oposición.
El debate se extendería por varias horas debido a la cantidad de dictámenes de minoría presentados por la oposición para plantear sus diferentes disidencias en torno al proyecto.
Durante la reunión de comisión del jueves pasado, el proyecto fue defendido en la comisión de Comunicaciones por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y por el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.
El jefe de Gabinete afirmó en esa reunión que la iniciativa propicia "la construcción de una Argentina Digital con una plataforma de calidad, garantizando su accesibilidad y la democratización plena de las comunicaciones".
De Vido, por su parte, sostuvo que el proyecto "busca garantizar el libre acceso de todos a las comunicaciones, en condiciones sociales equitativas".
"La iniciativa busca que a todos los hogares llegue el mejor cable, con la mejor infraestructura y calidad, a un precio justo; al tiempo que establece que los contenidos que lleguen a los usuarios sean absolutamente libres", precisó el ministro.
A su turno, Berner destacó que los cambios incorporados en el Senado al proyecto "mejoraron la neutralidad de la red" y dijo que sirvieron para "resguardar aún más a las economías regionales, a las cooperativas y las Pymes respecto a -la posición dominante de- las grandes empresas".
El proyecto pretende garantizar la "completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso" de todos los argentinos "a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas".
La iniciativa tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia.
Los clientes podrán elegir al prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia al hogar. Asimismo, se establece que para el Estado argentino las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) resultan fundamentales para el desarrollo social y por ello debe garantizarse su acceso para todos los ciudadanos sin importar condiciones geográficas o socioeconómicas.
Se propone, por otra parte, reestructurar los servicios incluidos en el concepto de "Servicio Universal" que deberán tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país. Además, define como "servicio público en competencia" a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como "última milla" o "bucle local". Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores.
Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), creada por esta ley.
Esa repartición también definirá qué operadores deben "desagregarse de la red local" o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros. Además, el proyecto propone crear un Consejo Federal de las TIC.
El proyecto permite a las telefónicas ingresar al sector audiovisual, aunque mantiene ciertas restricciones para dar TV satelital. La AFTIC determinará plazos y localidades en donde las telefónicas no podrán dar TV paga, para evitar que ingresen en las localidades más pequeñas.
Las telefónicas podrán dar televisión por cable, a través de las redes de los cableoperadores, ya que el nuevo proyecto establece que hay una obligación de interconexión "para y entre licenciatarios", a las tarifas que fije el Estado.
El proyecto establece que los licenciatarios de servicios TIC "fijarán libremente sus precios, los que deberán ser justos y razonables" pero, a la vez, señala que esas tarifas podrán ser reguladas por la autoridad de aplicación "por razones de interés público".
La AFTIC no sólo podrá fijar precios sino que, además, otorgará licencias, regulará la interconexión, fijará las condiciones en que los operadores abrirán sus redes a la competencia y dispondrá de los fondos del servicio universal.
Finalmente, tendrá a su cargo el manejo de la empresa Ar-Sat, el Correo Argentino, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Plan Argentina Conectada.
El primer tema en la agenda de trabajo será el proyecto que reforma el Código Electoral para establecer la elección de los 43 legisladores que representarán a la Argentina en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), con el objetivo de que se realicen en forma conjunta con los comicios presidenciales de octubre de 2015.
La intención del oficialismo es que el proyecto de ley que propone la elección mediante voto popular de los parlamentarios del Mercosur tenga al menos media sanción en la previa de la cumbre del bloque regional en Paraná, Entre Ríos, el miércoles y jueves próximos.
El Parlasur se constituyó en mayo de 2006 pero, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de aquel instrumento, los parlamentarios que actualmente lo componen fueron elegidos de modo indirecto por los cuerpos legislativos nacionales y seleccionados entre sus miembros.
Con esta iniciativa, se busca cumplir con el Protocolo Constitutivo del Mercosur que prevé que la integración del parlamento del Mercosur para el próximo período deberá surgir de la elección por los ciudadanos de los respectivos Estados, a través de sufragio directo, universal y secreto.