El fiscal federal Ramiro González requirió que se investigue por supuesto lavado de dinero al sindicalista Enrique Omar "Caballo" Suárez, que estuvo 27 años al frente del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
viernes 20 de marzo de 2026
El fiscal federal Ramiro González requirió que se investigue por supuesto lavado de dinero al sindicalista Enrique Omar "Caballo" Suárez, que estuvo 27 años al frente del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Fuentes judiciales informaron que el requerimiento recayó por sorteo en el juzgado federal número 6 de Rodolfo Canicoba Corral, que en febrero último intervino el SOMU y lo procesó a "Caballo" por el delito de "entorpecimiento de la navegación".
Durante su extenso período al frente del SOMU, Suárez supuestamente mantuvo vínculos con los militares "carapintadas", luego alineó el gremio con los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Incluso en Buenos Aires, el gremialista fundó una radio FM llamada "Papa Francisco" y puso de directora a Alicia Barrios, amiga del jefe del Vaticano.
Ahora el fiscal González impulsó el inicio de la acción penal y propuso medidas de prueba, de cara a investigar si varias sociedades comerciales atribuidas a Suárez y familiares suyos cometieron irregularidades con fondos provenientes del SOMU.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, denunció ayer públicamente que "el Caballo Suárez extorsionaba a las empresas (de navegación) para que paguen sobrecostos de entre 500 y 700 por ciento respecto de lo que vale en el mundo".
Según el funcionario, el gremialista realizaba un "entorpecimiento en la navegación", ya que "paraba los buques y los extorsionaba pidiéndole plata y ejercía una asociación ilícita", puesto que "le cobraban a empresas para operar y cobraban por tripulaciones que supuestamente estaban capacitándose y no se capacitaban".
"El daño que produjo el Caballo Suárez en el sector fue tremendo", ya que, a través de su "participación", se propició la "cartelización y la corrupción de la política".
Suárez, además, ya está imputado como supuesto jefe de una asociación ilícita y por presunta administración fraudulenta.
Junto a él por el supuesto bloqueo de puertos y la negación de asistencia a buques que se encontraban circulando en canales de acceso a diferentes puertos, están procesados los dirigentes del SOMU, Roberto Suárez Cardozo y Jorge Agustín Vargas, Juan Manuel Medina, tesorero del gremio, y María del Carmen Cabrera Peña, abogada de la obra social e hijastra de Suárez.
El juez investiga si Suárez habría exigido "dinero a empresas navieras para supuestamente capacitar a los marineros, extorsionándolos" con que, de no pagar esa suma, no les habilitarían una autorización para que barcos extranjeros -buques gasificadores- pudieran circular como si fueran locales y les bloquearían el ingreso a los puertos y el "servicio obligatorio de remolque".
La hipótesis de la investigación señala que el dinero percibido "no iba a la capacitación de los marineros sino que se destinaba a una fundación presidida por el Suárez y se tercerizaba a una sociedad anónima, San Jorge Marítima, que estaba a nombre del tesorero del SOMU y donde el sindicato tenía el 20 por ciento de las acciones", aunque los dividendos de esas acciones nunca habrían sido ingresados a las arcas del gremio.