miércoles 18 de noviembre de 2026

El Consejo de la Magistratura citó al juez Oyarbide

Es para que haga su descargo en una causa en la que se lo acusa de haber frenado un allanamiento.

10 de marzo de 2016 - 17:09

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó este jueves una citación al juez federal Norberto Oyarbide para que formule su descargo en una causa en la que está acusado de haber frenado un allanamiento por influencia política y por la que le cabría un proceso por "mal desempeño".

La decisión fue adoptada por unanimidad, con la ausencia del diputado del FpV Héctor Recalde, contra el mediático juez que en diciembre último anunció su voluntad de jubilarse luego de la feria judicial de enero, algo que hasta ahora no se concretó.

Oyarbide, junto a Carlos Liuzzi, ex número dos de la Secretaría Legal y Técnica en el kirchnerismo, estuvo imputado por la suspensión de un allanamiento a una financiera en la calle Maipú al 300 de esta capital por presunto lavado de dinero, dispuesta por el magistrado tras recibir el llamado del funcionario de la Casa Rosada.

Pero el juez federal Luis Rodríguez sobreseyó a ambos y el fiscal federal Ramiro González no apeló ese fallo.

El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2013, cuando Oyarbide ordenó 22 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero, uno en la financiera "Propyme" de Guillermo Greppi.

Según Greppi, los oficiales de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (DIFOC) que hacían el allanamiento le pidieron en nombre de Oyarbide tres millones de pesos, primero, y después dos millones y medio para suspenderlo.

Greppi llamó a Liuzzi para contarle y el funcionario se comunicó con Oyarbide, quien suspendió todos los allanamientos.

La investigación corroboró que el día del operativo Greppi llamó a las 14:14:17 a Liuzzi -en una comunicación de 27 segundos- y que el funcionario a las 14:57:44 se comunicó al celular del sargento de Gendarmería Héctor Ricardo Estrada, custodio de Oyarbide, y durante 2:31 minutos habló con el juez, que luego suspendió todos los procedimientos.

En diciembre último Oyarbide anunció a sus allegados que renunciaría a su cargo tras la feria de enero porque se acogía a la jubilación y bromeó ante periodistas de tribunales: "Ahora me voy a ir con (Marcelo) Tinelli a trabajar".

Oyarbide, que el próximo 1º de enero cumplirá 65 años, es uno de los jueces más polémicos de Comodoro Py 2002: devoto de la Virgen del Milagro y amigo de la farándula se lo pudo ver en los recitales del cuartetero Carlos "Mona" Jiménez y en las fiestas de cumpleaños de la ex modelo Daniela Cardone.

En el dictamen, la Comisión cuestionó que haya dispuesto la suspensión "sin ningún tipo de medida previa o concomitante enderezada a garantizar la preservación de las pruebas que se pretendían adquirir con el registro. Es más, el juez no sólo suspendió el allanamiento en cuyo curso se denunciaron las irregularidades: también extendió ese temperamento a todos los registros simultáneos ordenados".

Resaltó que el juez tiene elementos procesales "para proceder ante situaciones como la que se examina en este legajo, pero ninguno de ellos fue puesto en práctica".

"Sin mayores inconvenientes ni demoras el juez Oyarbide, el fiscal o funcionarios de otra/s fuerza/s de seguridad podrían haber concluido los allanamientos ordenados y así resguardar la prueba que se pretendía adunar a la pesquisa", pese a la denuncia de presuntas anomalías efectuada por Greppi.

La conducta del juez "es verdaderamente llamativa, pues no se advierte qué vinculación existía entre los 'graves hechos' que habían llegado a su conocimiento por teléfono -en relación con el registro de la calle Maipú nº 311- y los 21 allanamientos restantes", se añadió. "Los hechos planteados en este legajo (...) se muestran desprovistos de cualquier conexión con la legalidad", dijeron los consejeros, y advirtieron que "nos encontramos frente a posibles subsunciones en la causal constitucional de remoción de magistrados judiciales por 'mal desempeño'".

También advirtieron que "llama poderosamente la atención que la persona que 'denunció' al doctor Oyarbide las irregularidades (...) haya sido un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional".

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