Tras una maratónica sesión de casi un día, en parte por el discurso de 14 horas (sí, leyeron bien) que brindó el diputado socialista Jaime Naranjo, presentador del impeachment, para otorgarle tiempo al voto que les faltaba para conseguir la mayoría simple requerida y que aportó su colega Giorgio Jackson, quien estaba en cuarentena y recién pudo presentarse a la medianoche, una vez concluido su confinamiento, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, que pasó ahora al Senado, poseedor de facultades para destituir al dignatario, acusado de infringir la Constitución y de comprometer el honor de la nación por favorecer la venta irregular de una propiedad familiar durante su primer gobierno (2010-2014), aunque todos admiten que será muy difícil obtener los dos tercios necesarios, 29 sufragios, 5 menos de los que detentan.
Las matemáticas no dan porque ya en la Cámara Baja, donde los bloques antigubernamentales cuentan con 83 bancas, la decisión de algunos de esos legisladores de no apoyar la moción obligaron a la peculiar estrategia que el Palacio de La Moneda no dudó en tildar de "show político y mediático que entristece y averguenza la democracia''. Es que el ardid -definición "generosa''- incluyó también un operativo de distracción en la puerta del Parlamento para que el diputado Jorge Sabag, quien está a la espera del resultado de un PCR, ocupara igual su banca, a la que llegó por un costado para evitar a las autoridades sanitarias que lo aguardaban en el ingreso principal.
"Hoy se pudo levantar el ``no todo vale'. Se ha dado un paso importante para terminar con el hecho de que a las personas que ostentan el poder nunca les pase nada'', subrayó Jackson.
Vale subrayar que el Jefe de Estado sigue en plenas funciones salvo que debe pedir permiso al Congreso para salir del país.
La acusación de 16 parlamentarios izquierdistas surgió tras la difusión de los Papeles de Pandora, la investigación periodística internacional que reveló un contrato de venta de una propiedad de los hijos del gobernante en las Islas Vírgenes Británicas firmado en diciembre de 2010, que condicionaba el pago de la última cuota de un negocio minero y portuario a que la zona donde se instalara no fuera declarada de exclusión, parque o reserva natural, medida que dependía del presidente Piñera (por entonces llevaba 9 meses en el poder).
El mandatario alega que se desvinculó de sus empresas a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo develado ya fue juzgado y sobreseído en 2017. La denominada en Chile "acusación constitucional'' corre a la par de una pesquisa abierta por el Ministerio Público por posibles delitos tributarios y de cohecho en dicha operación.
El abogado del dignatario, Jorge Gálvez, argumentó que "lo que correspondía, si existían dudas, era utilizar otros mecanismos como por ejemplo una comisión investigadora. Primero hay que investigar y luego acusar, pero claro, una comisión investigadora no tiene el efecto electoral de esto''.
